Un tribunal de justicia de El Salvador declaró culpables de enriquecimiento ilícito al expresidente Tony Saca y su esposa Ana Ligia de Saca, y los condenó a devolver al Estado 4,4 millones de dólares.
Saca ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas públicas para favorecer a sus empresas y terceros.
Con la condena, la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador, también inhabilitó al exmandatario el ejercicio de cualquier cargo público por 10 años.
El juicio contra Saca y la ex primera dama se inició con una orden girada por la Corte Suprema de Justicia luego que la Sección de Probidad determinará que el expresidente no logró esclarecer la procedencia de 6,5 millones de dólares que llegaron a su patrimonio mientras fue presidente de la República.
Cuando asumió su mandato el 1 de junio de 2004, Saca declaró un patrimonio de 3,6 millones de dólares y al concluirlo cinco años después, era de 13,1 millones de dólares, según las declaraciones presentadas a la Sección de Probidad de la Corte Suprema.
Al principio el Ministerio Público acusó al expresidente por un monto de 3,9 millones de dólares, mientras que a su esposa la acusaron por dos irregularidades en las que tuvo un incremento patrimonial no justificado de 589.608.42 dólares, pero con la pericia presentada en la audiencia subió a 718.904.93 dólares.
Saca de 55 años, que gobernó el país de 2004 a 2009, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y es el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato.
Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo familiar, y Mauricio Funes (2009-2014), el cual está asilado en Nicaragua.
AP
